Inicia patrullaje en la frontera a pocas horas del vencimiento del Título 42

Miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos patrullan el muro fronterizo con México, un día después de que el Tribunal Supremo anunciara que mantendrá una norma sanitaria que permite la expulsión de la mayoría de migrantes.

A petición del gobernador de Texas, Greg Abbott, más de 400 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en El Paso, que limita con Ciudad Juárez en México, según informó el Departamento Militar de Texas en un comunicado.

EFE pudo comprobar como, a primera hora de la mañana de este martes, decenas de militares armados recorrían la zona del muro fronterizo.

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El desplazamiento de equipos y soldados a la ciudad fronteriza "forma parte del esfuerzo del gobernador (Abbott) por reforzar la seguridad fronteriza", ante el aumento de "cruces ilegales" en la última semana, explicó el comunicado.

El alcalde de El Paso declaró el pasado sábado el estado de emergencia ante un aumento en la llegada de migrantes a la ciudad, abrumando los albergues en una época donde las temperaturas bajan a menos de cinco grados centígrados en las noches.

Desde el Gobierno local no han querido comentar a EFE la presencia de la guardia nacional en la zona.

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Decenas de migrantes se han visto forzados a pernoctar en las calles de El Paso debido a que los refugios de la ciudad no tienen suficiente capacidad para alojarlos.

El Título 42, impuesto por el Gobierno del expresidente Donald Trump y mantenido en pie por la actual Administración, permite la devolución inmediata de la mayor parte de migrantes que buscan solicitar asilo en la frontera.

El Tribunal Supremo decidió mantener en pie la norma, puesta en pie con la excusa de la pandemia, de manera temporal. En los próximos días, los jueces deben decidir si permitirán o no que se congele la medida mientras un tribunal de menor instancia decide el caso.

A mediados de noviembre, un juez federal en Washington D.C. ordenó al Gobierno de EE.UU. poner fin al Título 42. Esta decisión fue apelada por 19 estados de Gobiernos republicanos.

Desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2.7 millones de personas, según datos del International Rescue Comittee.